El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó una investigación de la Fuerza Aérea tras las denuncias de que aeronaves oficiales asignadas a la ex primera dama Verónica Alcocer fueron utilizadas para transportar drogas y millones de dólares entre Colombia y Venezuela, lo que intensifica una controversia que involucra al círculo cercano del expresidente Gustavo Petro.
La orden se produjo después de una entrevista publicada el sábado por la revista Semana en la que Eva Ferrer, exasesora de Alcocer y consejera presidencial durante el gobierno de Petro, afirmó que los viajes de la ex primera dama a Venezuela involucraban carga ilícita y dinero en efectivo. Petro rechazó las acusaciones y cuestionó que se basaran en información que Ferrer dijo haber recibido de otras personas.
"He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista SEMANA. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades", escribió De la Espriella en X.
El presidente indicó que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea investigarían al personal actual y anterior vinculado al Comando Aéreo de Transporte Militar. Si se comprueba que integrantes de la institución están implicados, señaló, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes.
De la Espriella también pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y las autoridades estadounidenses que examinaran la información periodística y adelantaran las investigaciones a que hubiera lugar dentro de sus respectivas competencias. Su declaración anunció una investigación militar interna, pero no estableció si esas otras instituciones habían abierto procesos penales o disciplinarios.
Las denuncias se centran, en parte, en un viaje que, según Ferrer, Alcocer realizó a Venezuela en enero de 2023, durante la presidencia de Petro. En su entrevista con la periodista Vicky Dávila, Ferrer sostuvo que Alcocer regresó con $2.5 millones, parte de los cuales supuestamente estaban destinados a financiar la campaña política de su primo, Mario Fernández Alcocer.
Ferrer atribuyó ese relato a Manel Grau, un empresario catalán al que describió como estrechamente vinculado a las actividades de Alcocer. También afirmó que Grau le confirmó posteriormente que había drogas involucradas en los viajes.
"Manel me explica que traen 2.5 millones", dijo Ferrer en la entrevista, y agregó que el dinero estaba destinado, entre otras cosas, "para pagar la campaña del primo".
La entrevista no establece que Ferrer haya presenciado personalmente el transporte de drogas ni inspeccionado el contenido de algún equipaje. Su relato sobre el presunto tráfico se basa en buena medida en conversaciones con Grau y otras personas, por lo que distinguir entre sus observaciones directas y la información que le transmitieron resulta fundamental para evaluar las acusaciones.
Cuando se le preguntó por qué creía que había drogas involucradas, Ferrer se refirió a fotografías que, según dijo, aparentemente existían y mostraban a Alcocer descendiendo de una aeronave con maletas grises. Su descripción no permitió establecer de forma independiente qué contenían esas maletas, y la información periodística no ha corroborado el supuesto traslado de drogas y dinero en efectivo.
Ferrer señaló que Carolina Plata, una asistente de Alcocer, gestionaba los vuelos a Venezuela y describió los preparativos como altamente confidenciales. También distinguió entre el avión presidencial y una aeronave asignada a la primera dama, y advirtió a Dávila que no los tratara como si fueran el mismo avión.
Por separado, Semana informó que había obtenido registros de 149 vuelos atribuidos a Alcocer durante el gobierno de Petro, la mayoría en aeronaves estatales. Esos registros podrían ayudar a establecer las fechas, las rutas y los pasajeros de determinados viajes, pero por sí solos no demostrarían que los aviones transportaron carga ilícita.
Petro, quien fue presidente de Colombia entre 2022 y 2026, respondió en X cuestionando la credibilidad de Ferrer y el fundamento de sus acusaciones. Según el relato de su respuesta publicado por el diario El Colombiano, sostuvo que los señalamientos se basaban en algo que alguien le había contado a Ferrer, en lugar de pruebas que ella hubiera obtenido personalmente.
Petro aseguró que los responsables habían cometido "la peor canallada de su existencia" y describió la entrevista como un ataque contra la madre de sus hijas. Calificó a quienes estaban detrás de las acusaciones de "miserables e irresponsables" y sostuvo que la controversia se estaba utilizando para perseguir a militares que habían cumplido con su deber de proteger a la familia presidencial.
Su respuesta cuestionó tanto las denuncias como sus consecuencias para el personal de seguridad, al afirmar que los oficiales no deberían ser castigados por cumplir órdenes de proteger a sus familiares. Alcocer y Petro se divorciaron en agosto, según los informes publicados.
Ferrer, por su parte, dijo que decidió hablar públicamente porque temía por su seguridad y su reputación profesional. Afirmó ante Semana que había pasado dos meses escondida después de recibir una advertencia de que las personas de las que hablaba estaban involucradas en el tráfico de drogas y armas. También denunció que su familia en España había recibido llamadas amenazantes. Esas afirmaciones, al igual que las acusaciones de tráfico, no han sido corroboradas.
La orden de De la Espriella somete a escrutinio oficial la conducta del personal militar y el uso de aeronaves estatales, mientras deja en manos de los investigadores determinar si hubo irregularidades en los viajes señalados y quién, de ser el caso, debería responder por ellas.