Comprar un apartamento, un carro o un lote pagando en efectivo podría tener nuevas restricciones en Colombia. La posibilidad quedó sobre la mesa con el Estatuto Antiterrorista que impulsa el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una iniciativa que busca reforzar los controles sobre el origen de los recursos para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La propuesta ya tiene el respaldo de Asobancaria.Jonathan Malagón, presidente del gremio, celebró que el Gobierno estudie limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor y advirtió que este tipo de operaciones debe contar con mecanismos para identificar de dónde viene el dinero.
"El sector financiero colombiano celebra que el Gobierno nacional estudie limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor como parte del Estatuto Antiterrorista", escribió Malagón en su cuenta de X.
El dirigente gremial fue más allá al referirse a tres de los bienes que quedarían en el centro de la discusión: "La compra de apartamentos, carros y lotes debe contar con mecanismos que permitan rastrear el origen de los recursos".
Y añadió: "Seguir la ruta del dinero es fundamental para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo".
El pronunciamiento se conoció después de que el presidente anunciara,el lunes 12 de octubre, que el Gobierno presentará el Estatuto Antiterrorista ante el Congreso. La iniciativa pretende fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el terrorismo y sus fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal.
El sector financiero colombiano celebra que el Gobierno Nacional estudie limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor como parte del Estatuto Antiterrorista.
La discusión, sin embargo, no se limita a la lucha contra las organizaciones criminales. Una restricción a los pagos en efectivo en operaciones de alto valor también tendría consecuencias para compradores y vendedores, que podrían necesitar recurrir a transferencias u otros mecanismos financieros para cerrar sus negocios y dejar constancia del movimiento de los recursos.
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La lógica de la medida es que los pagos realizados por medio del sistema financiero dejan registros que permiten identificar las cuentas involucradas y reconstruir la ruta del dinero. En una compraventa de vivienda, por ejemplo, sería posible documentar quién transfirió los recursos y quién los recibió, información que podría contrastarse con los documentos de la operación y con los controles contra el lavado de activos.
En el caso de un vehículo usado o un lote, el principio sería el mismo: facilitar que las autoridades puedan rastrear el pago y examinar el origen de los recursos cuando haya señales de alerta.
Para los compradores, una eventual restricción supondría ajustar la forma de pagar determinadas adquisiciones.Para los vendedores, implicaría recibir los recursos por los canales autorizados y conservar los soportes de la transacción. Quienes manejan buena parte de sus ingresos o ahorros en efectivo también podrían enfrentar mayores exigencias para demostrar la procedencia del dinero, dependiendo de las reglas que finalmente se establezcan.
No obstante, hay dos asuntos que todavía deben precisarse: desde qué monto se aplicaría la restricción y qué operaciones quedarían cobijadas. En los insumos conocidos no aparece un umbral específico en pesos para las compras de inmuebles, carros o lotes, ni un detalle completo sobre posibles excepciones.
Por eso, la propuesta no debe interpretarse como una prohibición general del efectivo que ya esté vigente. El Estatuto Antiterrorista debe surtir su trámite legislativo y su alcance dependerá del articulado que se presente y de las disposiciones que eventualmente sean aprobadas.
Además, la bancarización no garantiza por sí sola que el dinero sea legal. Una transferencia permite dejar registro de una operación, pero la procedencia de los recursos debe verificarse mediante controles adicionales. La trazabilidad es una herramienta para facilitar las investigaciones, no una prueba automática de licitud.
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La eventual restricción hace parte de un conjunto más amplio de medidas planteadas en el borrador del Estatuto Antiterrorista. Entre ellas figura un registro de organizaciones o personas relacionadas con el terrorismo, cuya consulta sería obligatoria para diferentes sectores, incluidos el financiero, el asegurador y el bursátil, así como para notarios y oficinas de registro de instrumentos públicos.
El texto también propone mecanismos para congelar los fondos y activos de quienes sean incluidos en ese registro, con intervención judicial posterior y garantías para cubrir gastos de subsistencia y defensa.
En el frente minero, plantea crear un sistema nacional de trazabilidad de minerales estratégicos, con un registro de los participantes de la cadena y un comprobante digital de origen por lote. Para los activos virtuales, contempla obligaciones de identificación, reporte de información y congelamiento de billeteras bajo determinadas condiciones.
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Estas herramientas apuntan a dificultar que los recursos procedentes de actividades ilegales se incorporen a la economía formal sin dejar rastros. En ese contexto, limitar el efectivo en ciertas compraventas sería una forma adicional de facilitar el seguimiento de las transacciones.
El respaldo de Asobancaria pone sobre la mesa la posición del sector financiero frente a esa posibilidad. Pero la discusión también tendrá que resolver cómo se aplicaría la medida a las operaciones entre particulares y qué condiciones deberían cumplir quienes no utilizan habitualmente los canales bancarios.
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