La Unión Europea mantendrá un año más las sanciones a Nicaragua. El Consejo de la UE ha acordado este viernes prorrogar hasta el 15 de octubre de 2027 las medidas restrictivas contra 21 personas y tres entidades, seis días antes de que venciera el plazo vigente.
Bruselas lo justifica por la represión ejercida por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y por el deterioro de la democracia y el Estado de derecho en el país centroamericano.
Las personas y entidades de la lista siguen sujetas a la congelación de activos, y los ciudadanos y las empresas de la UE continúan sin poder ponerles fondos o recursos económicos a su disposición.
Las personas físicas tienen además prohibido entrar o transitar por territorio comunitario. Son sanciones selectivas: apuntan solo a quienes figuran en la lista y, según el Consejo, están diseñadas para no perjudicar a la población ni a la economía del país.
Las cifras no varían respecto a la prórroga de 2025. Aquel año, las tres entidades de la lista eran la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales, y entre las personas figuraban la copresidenta Rosario Murillo y varios hijos de la pareja presidencial. El medio nicaragüense Despacho 505 señala que Murillo y tres de sus hijos (Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo) siguen entre los sancionados.
En su comunicado, el Consejo condena la "represión sistemática" de las autoridades nicaragüenses y reitera su llamamiento a liberar a todos los presos políticos, restablecer plenamente el Estado de derecho y permitir el regreso al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Los 27 piden además abrir un diálogo entre el Gobierno y la oposición para pactar reformas electorales que abran paso a una solución negociada, pacífica y democrática de la crisis política. La UE reafirma también su apoyo al pueblo nicaragüense y a sus aspiraciones de democracia y respeto de los derechos humanos.
La UE aprobó este marco en octubre de 2019, tras expresar reiteradamente su preocupación por la crisis política que arrancó con las protestas de abril de 2018. La represión de aquellas manifestaciones dejó cientos de muertos, detenidos y exiliados. Desde entonces, los Estados miembros revisan las medidas cada año. La lista ha ido engordando: en 2021 afectaba a 14 personas; en 2023 ya eran 21 personas y tres entidades, una cifra que se mantiene.
Managua ha rechazado en ocasiones anteriores las medidas de la UE y de Estados Unidos, que ha tachado de "coercitivas". La UE volverá a evaluar su continuidad antes de que venza el nuevo plazo, en octubre de 2027.